Una nueva ley que habrá que reformar
Ángel M. Gómez
En los últimos días, ha sido inevitable enfrentarnos a las repercusiones de la nueva ley de vivienda, la cual conlleva importantes consecuencias para el sector inmobiliario de nuestro país bajo el pretexto, cuanto menos ficticio, de garantizar el acceso a la vivienda para todas las personas, especialmente las más vulnerables.
Vamos a analizar juntos las medidas más relevantes y sus peligrosas consecuencias para las más de 55,000 inmobiliarias como Be Real existentes en nuestro país y los aproximadamente 240,000 empleos que generan.
¿Qué conlleva esta nueva Ley de Vivienda?
En primer lugar, debemos destacar que estamos hablando de un Proyecto de Ley aprobado en el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2022 y posteriormente por el Congreso el 27 de abril de 2023, estando actualmente pendiente de tramitación en el Senado.
Esta ley forma parte de las reformas incluidas en el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Lamentablemente, esta futura ley, que pretende aumentar la oferta de viviendas a precios asequibles, evitar la generación de áreas tensionadas en el mercado de alquiler y apoyar a colectivos vulnerables y jóvenes en el acceso a una vivienda digna, ha comenzado de manera desfavorable y, si no se revisa en profundidad y se corrige de forma significativa, terminará en desastre.
Una de las principales novedades que introduce esta ley es la limitación de los precios de los alquileres en zonas de mercado tensionado. Estas zonas son aquellas con una alta demanda de viviendas en alquiler y una oferta limitada, lo que provoca precios de alquiler muy elevados.
Con esta nueva ley, se establece un índice de referencia de precios que los propietarios no podrán superar en más de un 10% en estas zonas, al mismo tiempo que se limita la duración de los contratos de alquiler a un máximo de 7 años, excepto en casos en los que el arrendador sea una persona jurídica, en cuyo caso el contrato podrá tener una duración de hasta 10 años.
Consecuencias de la nueva ley
Es fácil comprender que un propietario cuyos precios y duración de contratos se vean limitados por ley aumentará el precio de alquiler de sus viviendas al momento de ponerlas en el mercado, anticipándose a posibles restricciones a la hora de revisar las rentas con los inquilinos.
Esto no solo dificultará el acceso a la vivienda para nuevos inquilinos, sino que generará un parque de viviendas en alquiler reducido y protegido, debido a la desmotivación y preocupación de los propietarios o grandes tenedores de viviendas en alquiler. Esto va en contra de los objetivos buscados por estas medidas sin sentido y carentes de un análisis previo.
Otra consecuencia de esta ley es la prohibición de los desahucios sin ofrecer una alternativa habitacional para las personas más vulnerables. Se considera más vulnerables a las familias con menores, personas mayores, personas con discapacidad y todas aquellas que se encuentren en una situación económica precaria, abundantes en nuestro país.
Esta medida se aplica tanto a los casos de impago de alquiler como a los de ejecución hipotecaria. Además, se establecen medidas para facilitar el acceso a la vivienda a personas incluidas en este segmento, como la creación de un Fondo Social de viviendas en alquiler.
Una vez más, nuestro actual gobierno y su manera precipitada y arbitraria de legislar atacan directamente a aquellos que son los únicos capaces de ofrecer viviendas en alquiler en el mercado nacional, especialmente en zonas tensionadas como las grandes capitales.
Análisis de la nueva ley de vivienda
Aunque estas medidas son suficientes para causar un daño irreversible en un mercado de viviendas en alquiler ya debilitado, este proyecto de ley, con claros matices populistas, también introduce medidas para regular las viviendas de alquiler turístico, obligando a su registro y limitándolas a determinadas zonas.
Esto afectará tanto a nuestros valiosos clientes nacionales como extranjeros cuando hablamos de turismo y alojamiento vacacional, dejando en manos de los ayuntamientos la posibilidad de establecer una tasa turística que gravará este tipo de viviendas.
Como mencionamos al principio de este análisis, nos encontramos ante un ataque sin precedentes, no solo contra el sector inmobiliario, sino también contra la propiedad privada. Este proyecto de ley pretende que el 20% de las viviendas de promoción privada sean destinadas a viviendas sociales, sin establecer previamente salvedades sobre su ubicación o rango de precios.
Sin duda alguna, si esta ley se aprueba definitivamente, no solo no mejorará la situación actual de las personas sin acceso a la vivienda, sino que generará una brecha social y económica que afectará a todos los estratos de la sociedad española. Esta ley ralentizará aún más una economía ya agotada tras la salida de la última crisis global generada por la pandemia del COVID-19, a la cual ya llegamos considerablemente debilitados después de la terrible crisis de 2008.
En resumen, la nueva Ley de la Vivienda de España muestra claros indicios de tener un destino destructivo para un sector inmobiliario que siempre ha destacado por su oferta de alquiler para extranjeros, incluyendo a los pequeños inversores, ahorradores y a cientos de miles de personas que dependen de este sector para ganarse la vida en un país que cada vez ofrece menos oportunidades de empleo y más incertidumbre para un futuro desalentador.
